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Durante el 2012 y 2013 hice seguimiento para empresas del Retail a dos iniciativas: El Sistemas de Obligaciones Económicas SOE, Boletín 7886 – o que Regula el tratamiento de la información sobre obligaciones de carácter financiero o crediticio-; y el de Protección de Datos. En este post, me voy a referir al primero, como algunas observaciones respecto del segundo. Estos proyectos cayeron el el “limbo” legislativo, pese a que usaron muchas personas y especialistas que viajan a Valparaiso para defenderlo.

Los tiempos verbales son en presente, pero hay que remitirse a octubre del 2013

¿PARA QUE HICE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO?

1. Para tener en un documento los elementos básicos y los hitos que ha tenido (en esa época…hoy “tuvo”) el Proyecto de Ley Boletín 7886 que crea un Sistema de Obligaciones Económicas

2. Para analizar las alternativas estratégicas, los distintos escenarios (válido para fines del 2013)

3. Para apalancar un position paper respecto de distintos stakeholders ..válido para fines del 2013 y ser un elemento de análisis para el board

¿Válido NO? Obvio, si durante el 2010, 2011, 2012 y 2013, el Gobierno de Sebastián Piñera quería que las carteras de clientes de préstamos que manejan las casas comerciales, las cajas de compensación o las cooperativas circularan entre distintos proveedores de créditos. Había muchas preocupación de ellos

¿Y los Objetivos Específicos?..

a) Identificar distintos actores individuales e institucionales, los entornos políticos, legales, sociales y de regulación, la labor de la prensa y los distintos intereses tras este proyecto;

b) Identificar las instituciones más relevantes involucradas y su rol durante el proceso de tramitación;

c) Hacer un análisis detallado de su actuación, sus posiciones y su influencia.

d) Identificar el rol de distintos stakeholders: gobierno, parlamentos, industria, dueños, trabajadores, organizaciones de consumidores, etc.

e) Evaluar distintas externalidades del Proyecto

f) Contar con un relato ordenado de un proyecto complejo y multivariable.

_________________ 

I. Antecedentes

El proyecto de ley, cuyo número de boletín es el 7886-03, se encuentra (se encontraba en esa época) en el Primer Trámite Constitucional en la Cámara de Diputados. Actualmente está en la Comisión de Hacienda de la cámara baja, y el 20 de noviembre se reactivaría, según confidencia la autoridad.

El SOE (Sistema de Obligaciones Económicas), fue ingresado el día martes 30 de agosto de 2011 a través de Mensaje Presidencial. Este aludía a la necesidad de regular el tratamiento de obligaciones de carácter financiero o crediticio. La iniciativa recalca la importancia de contar con buenos sistemas de información crediticia, pues a través de ellos es que es posible mejorar los sistemas de evaluación de riesgo crediticio. Sin embargo, aborda un tema central y distintos en otros proyectos que han consolidado deuda: la consolidación de deuda positiva, es decir, aquella que no es morosa, sino está vigente y sus cumplimientos de pagos al día.

El Ejecutivo trazó los siguientes objetivos en el mensaje:

1. mejorar la calidad de la información,

3. la creación de incentivos para mantener y ampliar la información crediticia

4. mejorar el acceso a esa información.

Este documento resume dos años (2012 y también el 2013) de monitoreo legislativo en la Cámara de Diputados. Además, incorpora la experiencia internacional, las recomendaciones del Banco Mundial y la OCDE. Permite elaborar minutas y position paper

II. Diagnóstico que expuso la autoridad:

El Ejecutivo hizo un diagnóstico para fundamentar el Proyecto de Ley,  basado en 5 elementos (o problemas) que posteriormente serían discutidos por los distintos actores involucrados durante la tramitación del mismo (parlamentarios, ministros, expertos, Banco Central, industrias del retail, comercio, bancos, etc):

Existen problemas derivados de la asimetría de información entre distintos agentes económicos;

No se cuenta con información sobre la deuda al día de un universo significativo de personas. En ese sentido, solo las entidades bancarias comparten entre si la información. Por otro lado, los buenos pagadores no pueden utilizar su buen historial de crédito ante la ausencia de información (la promesa de obtener mejores condiciones de crédito por la existencia de mejor información consolidada, “mire señor UD es buen pagador, tenga mejores condiciones de crédito”);

La prohibición de comunicar las deudas morosas saldadas o aclaradas no permite evaluar riesgos de manera correcta, castigando a los mejores pagadores o a quienes han regularizado con esfuerzo su situación. Esto lleva a que aquellos buenos pagadores se encuentren en las mismas condiciones que aquellos que pudieron “limpiar” su historial moroso, accediendo ambos a las mismas condiciones de intereses, por ejemplo;

La no existencia de organismos públicos que velen por el buen funcionamiento del sistema y por la calidad de la información;

Organización industrial sin una regulación adecuada.

En el mensaje del ejecutivo se argumentó que

“A medida que aumenta el grado de profundidad financiera en una economía, mayor es la conveniencia de disponer de adecuados registros de información que contribuyan a mejorar los sistemas de evaluación de riesgo crediticio. Este proceso de profundización se facilita si se sigue avanzando en el diseño de sistemas comprehensivos de registro del comportamiento crediticio.

Asimismo, los registros de información crediticia de las personas, constituyen una herramienta adicional para que los reguladores y supervisores monitoreen el riesgo sistémico y evalúen, en general, la calidad de los portafolios de préstamos de las instituciones relevantes, incluyendo su tamaño, la diversidad y los niveles de riesgo a lo largo del tiempo, o para efectos del desarrollo y estudio de políticas públicas.

Uno de los grandes pilares para el buen funcionamiento de los sistemas de información crediticia es la cantidad de datos que éstos manejan y mantienen disponible, como así también la calidad de los mismos. Respecto a la cantidad de información o alcance de los datos, deben crearse los incentivos para que los sistemas de información de obligaciones financieras recolecten y mantengan un amplio rango de información de una parte significativa de la población. Los sistemas de información crediticia son más efectivos y mejoran la predicción del riesgo si éstos contienen datos de un segmento amplio. Con mayor cobertura, pueden servir mejor a las instituciones financieras en la evaluación de los solicitantes de crédito.”

Lo anterior, sin embargo, no daba cuenta de cambios fundamentales. Este no sería un registro de información crediticia privado sino administrado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y, además, contaría con información positiva. Es decir, no sólo de clientes morosos. Por último, que estaría abierto para la evaluación de crédito de distintos agentes.

El ejecutivo, acompañado de una actitud positiva hacia del proyecto del Banco Central, ha insistido en dos ejes:

Asimetría de Información: según Hacienda, promotora finalmente del SOE, este rompería la información asimétrica en el mercado del crédito, toda vez que los proveedores de créditos (bancos, retail, cooperativas, CCAF, etc) tendrían a la vista las bases de datos con la información de los créditos vigentes, de consumo, en tarjetas por compras a plazo, cuentas, etc. Esto permitiría, a juicio de la autoridad, premiar a los buenos pagadores con mejores opciones en el acceso al crédito.

Riesgos Sistémicos: esta es una idea que ha esbozado el Central. Le interesa contar con datos duros de la deuda de las personas, no sólo que están en instrumentos que manejan Equifax o los bancos, sino una base de datos únicas que almacene incluso pagos al día de servicios básicos (luz, agua, telefonía, etc

III. Fundamentos para el Proyecto de Ley que expuso el Gobiern

Los objetivos principales que se trazó el proyecto de ley que planteó el gobierno fueron cuatro:

1) Ampliar la información sobre obligaciones financieras que está disponible en la actualidad para incorporar a otros agentes de crédito como aportantes de información al sistema (Retail, CCAF, Cooperativas, etc), y para agregar información sobre el buen comportamiento de pago de las personas, no sólo reflejando información negativa o deuda morosa.

2) Establecer una regulación orgánica y ordenada del sistema de información comercial e introducir mecanismos de control de calidad, seguridad y veracidad de los datos.

3) Dotar a una instancia administrativa de las facultades necesarias para regular y supervisar a los agentes del sistema.

4) Reforzar los derechos de los titulares de los datos.

El principal análisis crítico que realiza el ejecutivo, y que lo motiva a enviar este proyecto de ley, es la insuficiencia de controles o mecanismos adecuados para que el sistema rompa con la asimetría de información y que, a su vez, funcione respetando los derechos de los titulares de los datos.

Asimismo, este proyecto pretende incluir en una sola iniciativa legal los diversos intentos por regular esta problemática, otorgándole una regulación más orgánica y uniforme a este tema.

Cabe destacar que este proyecto no se originó durante la administración del Presidente Piñera. Fue concebido durante el Gobierno de Michelle Bachelet.

Luego, una primera conclusión es que las nuevas autoridades van a seguir empujando su tramitación dado que fueron quienes lo concibieron. Sin embargo, su modelo era completamente distinto. En la Cámara de Diputados se eliminó la opción que un privado operara el sistema, delegando esta función en la SBIF. Lo anterior por la desconfianza de los legisladores respecto de algunas fugas de información de entidades privadas o el mal uso de la misma.

Lo anterior generó un debate desde dos posiciones:

quienes veían un abultamiento (otro mas¡) de un organismo estatal como la SBIF, dado que esta misión indeclinablemente iba a significar más recursos y más personas

quienes desconfiaban de la SBIF como un organismo muy centrada en la fiscalización bancaria y el buen funcionamiento de las instituciones financieras, en desmedro de otros actores como el Retail, quienes se verían obligados a compartir su cartera para efectos de evaluación de riesgo.

Al no existir mayores cuestionamientos respecto de los principios planteados por el ejecutivo en el mensaje, el debate se centró bastante en los puntos anteriores.

IV. Principales cambios que proponía el proyecto y modificaciones al mismo:

En la ley N°19.628 solo considera titulares de datos a personas naturales. Ahora se incluye tanto a personas naturales como personas jurídicas.

Extensión del concepto de información comercial. Se amplía el tipo de obligaciones de carácter económico o financiero, incluyendo no sólo a la deuda morosa o protestada, sino también por sus beneficios, a la deuda vigente. En la actual Ley N°19.628, la información comercial hace referencia a las obligaciones debidamente constatados por documentos protestados.  Además se amplía el rango de instituciones obligadas a informar, incluyendo al comercio y a otras instituciones que prestan servicios financieros relevantes.

Creación de un Sistema de Obligaciones Económicas (SOE), con lo que se busca crear un sistema oficial, consolidando un solo organismo en la recopilación de información comercial y estandarizando la información. Para lo anterior, los acreedores deberán informar al sistema las obligaciones económicas o crediticias que se describen en el proyecto. El administrador del SOE se regirá por los principios expresados en la Ley N°19.628.

Fortalecimiento de los derechos de los titulares de los datos. La comunicación de información de carácter financiero, bancario o comercial requerirá del consentimiento del titular cuando: a) se trate de información positiva o deuda vigente de ese titular, cualquiera sea el destinatario de esa información, sea o no agente crediticio, y b) se trate de información negativa que sea solicitada por una entidad distinta de los aportantes de información al sistema.

El proyecto actúa sobre la base de que el mejor control de la información lo pueden realizar los propios titulares de los datos por la vía de autorizar o no a terceros el acceso a la información del caso. Sin embargo, no se requerirá el consentimiento para la recolección de datos de obligaciones económicas incumplidas, morosas o protestadas, ni para su almacenamiento en el SOE.

Este tema fue discutido en las Comisiones, particularmente en Hacieda, donde el Diputado Robles puso en duda que sea voluntario toda vez que quien otorgue el crédito se podría negar a conceder un crédito en caso de no contar con el consentimiento de la persona. También hubo cuestionamiento al eventual beneficio de la “ruptura de la asimetría” toda vez que, con ejemplos de ellos mismos (Diputado Ortiz de la Comisión de Hacienda) respecto de la completa información crediticia que manejaba el banco donde tenía sus servicios financieros, siempre la tasa de la línea de crédito era alta.

Periodo de caducidad de la información. El proyecto define que solo podrá realizarse la comunicación a terceros de datos tanto positivos como negativos en un plazo no mayor a cinco años luego de la extinción de la deuda o de que se haya hecho exigible.

La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras será el organismo encargado de velar por el buen funcionamiento del sistema en el aspecto operacional de seguridad y respaldo de la información. Además se creará una nómina o registro de  empresas distribuidoras de información comercial, la cuales deberán ser autorizadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para operar. Durante la tramitación del proyecto, quedó radicada en la Superintendencia de Bancos la operación del SOE.

Por otro lado, un titular de datos podrá exigir a las entidades involucradas en el tratamiento de datos la rectificación, cancelación o bloqueo de información errónea, inexacta o incompleta. Para ello deberá recurrir al Servicio Nacional del Consumidor.

Las distribuidoras de información, para operar como tales y poder acceder a la información del SOE, deberán  constituirse como sociedades y registrarse ante la Superintendencia. Se establecen obligaciones para las distribuidoras  de las cuales dependerá su permanencia en la nómina de la Superintendencia.

Se establecen obligaciones para los aportantes de información, quienes deberán mantener los datos actualizados y deberán entregarlos al SOE como determina este proyecto.

Se establece una transición de dos años del antiguo al nuevo sistema para provocar la menor cantidad de trastornos en el flujo de información. En tal sentido, los Bancos y el Banco Central han insistido en la mantención del actual Boletín Comercial.

V. Los actores relevantes en la tramitación del SOE

Han existido distintos actores que muestran claro interés en su tramitación:

Parlamentarios: Actualmente sólo podemos indicar la posición de los Diputados, ya que aun se encuentra en Comisión de Hacienda habiendo recorrido la de Economía y Constitución, pero existe una diferenciación entre quienes muestran real interés, y quienes no toman la palabra o no se encuentran presentes al momento del debate.

El proyecto tuvo un debate largo en la Comisión de Economía de la Cámara, donde precisamente se hizo un cambio radical: el Sistema de Obligaciones Económicas (en cuanto a elementos de Hardware, Software, Bases de Datos, responsables técnicos de su seguridad y actualización, normas y reglamentaciones sobre esto último), estaría radicado en la Superintendencia de Bancos. Esto significó tuvo otro matiz, fue la desconfianza respecto de los burós privados de información, particularmente DICOM, cuya ley “no más Dicom” había sido promulgada no mucho tiempo atrás.

Ministerio de Hacienda: en representación del Ejecutivo, es el principal impulsor de este Proyecto. En la Comisión de Economía quien más empujaba su pronto despacho fue el Diputado Edwards, presidente de la Comisión. Aún así, el proyecto estuvo desde Agosto del 2011 hasta Septiembre del 2012 en esta Comisión.

Banco Central: en el momento de su invitación, se mostraron abiertos a legislar entorno a esa materia, con ciertas aprensiones relacionadas con el tema de la transición y el rol que tendrá la SBIF.

Sin embargo, son defensores del proyecto, alineados con los argumentos del Ministerio de Hacienda y la ABIF. Vergara expuso que “la iniciativa podría generar una serie de efectos positivos en este mercado, particularmente, al mejorar el acceso al crédito, por cuanto los oferentes tendrían mayor y mejor información del deudor; y al optimizar la gestión de riesgos por parte de las instituciones financieras, que pasarán a contar tanto con información negativa como positiva de deuda.”

El Banco Central es un actor relevante. Permanentemente ha insistido en la necesidad del instituto emisor de disponer de más información de deuda.

Bancos: Representados por la ABIF, través de Jorge Awad, se muestran muy proclives a la tramitación del Proyecto; es más, han sido críticos por la lentitud del proyecto legislativo.

En una entrevista (El Pulso, 2013) expuso “El tener la información completa del endeudamiento de todos los que acceden al sistema crediticio. Hoy se conoce básicamente el endeudamiento con los bancos y no con los otros agentes que participan del crédito.” Incluso aseguró respecto de la Tasa de Interés que “En la medida en que obviamente se tenga una información completa, debería tener un efecto favorable en las tasas.”

Esto ha sido tema de debate, particularmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde los Diputados Robles y Ortiz han expresado que la Banca tiene toda la información de sus clientes y les aplica el máximo interés, por ejemplo, en línea de crédito.

Retail: Están abiertamente en contra del Proyecto. Lo han manifestado públicamente. En el 2012, el mismo Claudio Ortiz, en su calidad de coordinador de agentes del Retail Financiero, se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de “un animal de mil cabezas”.

Sus expresiones pusieron en duda los mismos objetivos del proyecto: “el proyecto de deuda consolidada -que busca unificar la deuda positiva y negativa de los clientes del sector financiero- generará asimetrías de información para algunos actores del mercado”, afirmando que de concretarse “afecta a múltiples derechos de las personas y de distintos agentes económicos” (La Tercera, 03/09/2012).

Para el Retail este proyecto es una clara arremetida de los Bancos, que podrían acceder a las bases de datos de las casas comerciales, y ofertar productos con la finalidad de quedarse con la cartera de créditos.

En una línea distinta, pero contra el SOE, Peter Hill, presidente de la CCS, “señaló que “la administración del sistema requiere de una red de locales a través de todo el territorio nacional para recibir las aclaraciones de documentos protestados y proporcionar la información  documentada que necesita el público. “No sabemos cómo lo hará la Superintendencia con este requerimiento, ya que esa entidad fue concebida para fines totalmente distintos.”

La idea de los empresarios es que el SOE sea administrado por el sector privado. “Si una institución del mundo privado, como lo es la CCS, ha sido capaz de administrar con seriedad y eficiencia el sistema informativo de las deudas morosas por más de 80 años, no se ven razones para que el gobierno ahora desee estatizar  la administración del sistema, lo que va en una dirección opuesta al principio de subsidiaridad”.

La SBIF y la Circular 40.  La última contingencia que involucró al Retail es la controvertida circular 40. Para el Retail, esta circular los obligaría a enviar a la SBIF datos de los clientes, tal como lo manifestara el Gerente General en carta enviada a la SBIF el 12 de Agosto.

Esta situación aparece también en plena tramitación del Proyecto de Ley de Tasa Máxima. Al examinar las últimas sesiones de la Comisión Mixta, en la modificación al artículo 6 que está aprobada por la Cámara (Segundo Informe) de la Ley 18.010 vigente, el 6 bis, dice en el párrafo 5°:

“La Superintendencia podrá establecer mediante normativa la información periódica que deberán entregarle los bancos y las instituciones colocadoras de fondos por medio de operaciones de crédito de dinero de manera masiva, según son definidas en el artículo 31 de esta ley, con el fin de cumplir la tarea encomendada por este inciso.”

Se suma a lo anterior la disputa judicial del Retail con la SBIF por la normativa del Banco Central que también los obliga a entregar información sobre deudores de tarjetas de créditos no bancarios. En particular la circular 40 antes mencionada.

Para la abogada Olga Feliu, “cualquier solicitud de datos personales debe ampararse bajo una ley que lo respalde, no con una normativa que puede ser transgredida”.

VI. La discusión actual en la Cámara de Diputados: Comisión de Hacienda 2013

a) Si bien la tramitación del Proyecto viene desde ya el año 2011, tan sólo desde este año ha empezado una discusión más acuciosa. La propia Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, ha empezado a citar actores expertos y que tengan relación con este, hasta ahora ha invitado al Presidente del Banco Central, Presidente de la Asociación de Bancos, y la representante del Banco Mundial en Chile Corina Arteche.

b) Desde abril del 2013 está el SOE en esta Comisión. Antes, como mencionábamos, estuvo en Economía y Constitución. Se suponía que el paso por Hacienda era un mero trámite. Sin embargo, se ha logrado convencer a los parlamentarios de los riesgos e inconveniencias del proyecto.

c) Dentro de los integrantes de la Comisión de Hacienda, sin duda quienes han mostrado mayor interés son:

a) Javier Macaya (UDI),

b) Ernesto Silva (UDI),

c) José Miguel Ortíz (PDC),

d) Pepe Auth (PPD)

e) Alberto Robles (PRSD).

Y es destacable que el propio Presidente de la Comisión de Hacienda ha manifestado dudas sobre el mismo.

d) Todos con sus posturas, que van desde un apoyo fuerte al Proyecto a ser absolutamente escéptico ante este, y las diferencias se centran en lo relacionado con el tratamiento de la información de las personas, y la libertad que tendrán los bancos e instituciones no financieras con esta; pudiendo ser una “moneda de cambio” o “herramienta de extorsión” para realizar operaciones de préstamo, sobre todo dentro de las personas de menores ingresos. También han sido escépticos respecto del mayor acceso al crédito (con anécdotas personales).

e) Otro tema que ha empezado a meterse en la agenda del proyecto, está la intima conexión de este Proyecto con el que actualmente se encuentra en Comisión Mixta de Interés Máximo Convencional, articulo 31 transitorio.

f) En sesión del 03 de julio de 2013, el Ministro de Hacienda fue invitado como propulsor del Proyecto de Ley. El Ministro Larraín mostró sus justificaciones y beneficios. Estos últimos centrados en aminorar las fallas del mercado, porque entre otras cosas reduce las asimetrías entre prestamistas y quienes reciben créditos, además de emparejar la información que obtienen los bancos y el Retail, y la obtención de ahora en adelante sería gratuita, cuestión que ahora no sucede.

Para Larraín, la situación tal como está ahora, sólo trae costos para quienes presentan buen comportamiento de pago, porque no existe gran información desagregada, generando una disminución en la Tasa Máxima, generando un circulo virtuoso, es por eso que lo insta también el Presidente del Banco Central y la OCDE.

g) El presidente del Banco Central el día 31 de julio del 2013, Rodrigo Vergara se mostró siempre desde un inicio apoyando el proyecto, diciendo que es un paso importante para la institucionalidad económica; buscando incrementar la información y generando un balance con los derechos de los titulares de esta, protegiendo así al consumidor. Los efectos serán mejor acceso al crédito, mejor gestión en los riesgos, y será una herramienta valiosa de supervisión financiera, reduciendo además el  costo del crédito para los pagadores con historial positivo, por ultimo fomenta la competencia.

Vergara expuso que el SOE debe ser tanto para el otorgamiento del crédito como para su monitoreo en el tiempo. De lo contrario esto limitaría los beneficios del proyecto, pues limita la capacidad de los oferentes para monitorear la evolución de las deudas contraídas.

El proyecto debería ajustar el consentimiento del consumidor de forma que:

1) los oferentes puedan acceder al sistema mientras la obligación financiera esté vigente, 2) en caso de que se haya otorgado un mecanismo de crédito contingente (tarjeta, línea de crédito, etc.), mientras permanezca en vigencia el contrato.

Por último destacó que sin el SOE se afecta la capacidad de análisis de riesgo y estabilidad financiera.

h) En su exposición en la Comisión de Hacienda, Jorge Awad se mostró abiertamente a favor del proyecto, justificándola como una “carretera la cual debe ser lo más despejada posible”, aunque inició su exposición siendo critico por la demora en el trámite. Dentro de los aspectos a mejorar, detalló:

1) Transición: hasta que la base de datos esté totalmente poblada, se debe mantener lo existente. No realizar esto sería una medida regresiva;

2) Acceso permanente a la información del cliente: debiera poder mantenerse durante toda la vigencia de la deuda; y

3) Prohibir sancionar la revelación a terceros: en lugar de impedir a los aportantes el almacenamiento de la información positiva, lo que debería castigar es su revelación a terceros, salvo excepciones que la Ley autorice.

i) También expuso en la Comisión de Hacienda Corina Arteche, del Banco Mundial a petición del Diputado Silva (pro Gobierno). Señaló que desde el 2007 están trabajando en Chile. Conclusiones sobre SOE´s en Chile es que faltaba un marco normativo integral. Fragmentación importante de la información. No estaba reglamentada la protección de los datos de las personas.

Hizo una presentación teórica, que finalmente terminó avalando el proyecto:

a) de cómo están reflejados en el proyecto de Ley y recomendaciones

b) principios: que información se recolecta, como se publica, etc, etc; roles de los aportantes, participantes, distintos modelos: buros públicos, privados, etc..

c) principios generales o lineamientos. Tener más información mejora el acceso al crédito. Estos principios tienen como objetivo “crédito responsable” y más estabilidad. Que el mercado de crédito sea más fiable.

d) Dice que el BM no da recetas inflexibles. No hay recetas únicas. No trata de favorecer a ningún participante. QUE EL TITULAR DE LOS DATOS ESTE PROTEGIDO. LOS SISTEMAS TIENEN QUE SER SEGUROS.

e) Creo un grupo de trabajo con BUROS PRIVADOS de información, con opinión del sector público y privado. Los sistemas de información de crédito deben ser seguros, eficientes, resguardar la competencia y los datos personales. SIN OLVIDAR AL CONSUMIDOR FINAL.

f) fortalecer el marco regulatorio, flujo de datos transfronterizos.

g) DATOS POSITIVOS: el documento tiene guías de cómo lograrlo. Habla de información suficiente, segura, incluir a los proveedores de crédito, recabada de forma sistemática, comparable.

h) REVISANDO EL 7886, varios artículos hablan de los temas, de los principios. Sobre seguridad y eficiencia, según esto deben haber guías y seguridad y eficiencia en el manejo de los datos ¿cumple con esto la SBIF?

i) Sería interesante contar con una norma que vea que se cumplan los objetivos de esto. ESTE TEMA GENERA DESCONFIANZA EN LAS PERSONAS. Hay que generar transparencia.

j) Hizo énfasis en el reglamento.

VII. Otros hitos anteriores en la Tramitación: Comisión de Constitución Legislación y Justicia (antes de la actual Comisión de Hacienda)

a) Si bien el Proyecto ha pasado en distintos periodos de Urgencias, y lleva casi dos años en el Congreso en su Primer Tramite Constitucional. No sólo llama la atención el largo periodo que se encuentra en trámite, también el proyecto ha sido modificado a través de Indicaciones en cuatro veces distintas. Tan sólo ha sido votado en general en una ocasión, posterior a su discusión en Economía, el día 20 de diciembre de 2011.

b) El ingreso del proyecto tiene fecha el 30 de agosto de 2011, en ese mismo día pasa a Comisión de Economía y Hacienda. Ya para su posterior discusión en Economía, la Sala acuerda que también el Proyecto sea tratado en Constitución, el 06 de septiembre de ese mismo año, esto motivado por las “observaciones de constitucionalidad” realizadas por el diputado Aldo Cornejo (PDC).

c) La exposición realizada por el diputado Cornejo para fundar su propuesta tiene relación con que “por el cual una repartición del Estado se apropia y comercializa indebidamente los datos comerciales privados de todos los deudores del país, obtenidos forzosamente de las personas acreedoras que los custodiaban bajo su confianza y sin contar con un consentimiento preciso e informado de los titulares de tales derechos sobre sus datos, para su utilización discrecional en el mercado de los usuarios”.

d) Sus observaciones se centraron en cuatro puntos, y se resumen en: Afectaría los derechos fundamentales de las personas contenidos en el artículo 19. Es decir, la igualdad ante la ley, el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, la reserva legal impuesta al Estado y a su organismos para desarrollar actividades empresariales, el derecho a la propiedad de las cosas incorporales y el derecho a la propiedad industrial.

1.- La obligación de entregar todos los datos de obligaciones económicas confiados por sus clientes, sin consentimiento de aquellos, los que ya han sido puestos previamente bajo custodia. Actores del circuito financiero del país tengan acceso a datos personales que no están a su alcance porque están bajo la tutela de determinadas instituciones comerciales o sociales a las que sus titulares se los han confiado.

El deber de entregar la información, y otro tipo de variables que se determinan en un reglamento, es decir, se le estaría confiando a una norma infra legal la regulación de una materia que la Constitución reserva por Ley; vulnerando así, la garantía constitucional. Deberá ser la Ley la que especifique exacta y detalladamente la información económica que será obligatorio entregar.

2.- Respecto al artículo 8º, existirían tres infracciones: a) cobro de tasa o tarifas por parte de una repartición publica puede considerarse como una actividad económica o empresarial del Estado, requiriendo para su concreción de una norma aprobada con quórum calificado; b) los datos que la SBIF entrega contra tarifa, han sido obtenidos por ella sin costo alguno; c) la Constitución establece la no discriminación arbitraria que el Estado y sus organismos deben observar en materia económica, garantía que estaría en contraposición con el manejo monopólico que se entrega al SOE.

3.- La conveniencia y pertinencia de entregar la administración del SOE a la SBIF. Considera la necesidad de aclarar la naturaleza jurídica con que ella actuará respecto a la administración, ya que esta se encuentra definida como una entidad autónoma, sin ser considerara ni tampoco en el proyecto como integrante de la Administración Orgánica del Estado, ni le son aplicables normas generales o especiales; rigiéndose en consecuencia, por normas del sector privado.

4.- El último punto se refiere que de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Bancos, respecto a la información que la SBIF debe informar a distintas instituciones. Esto le entregaría al organismo una dualidad de funciones, como administradora del SOE, y como fiscalizadora de un grupo de sus aportantes y clientes. Esta podría dar lugar a una diferencia arbitraria, contraria a la igualdad ante la ley que prevé el artículo 19 Nº 2; se hace necesario que el proyecto dispusiera con claridad que la SBIF no puede dar trato especial a las entidades bajo su fiscalización.

e) De ahí en adelante, desde el 27 de septiembre, hasta el 18 de enero de 2012, en distintas instancias –por la caducación de la Urgencia- el Ejecutivo en 8 momentos distinto le reintegra la Suma Urgencia a la tramitación. Después del receso legislativo, el día 06 de marzo vuelve a insistir con el mismo tipo de Urgencia. El 14 de marzo, el Ejecutivo le realiza indicaciones al proyecto, a través del Oficio Nº 470-359.

f) La insistencia con la Urgencia Suma el 21 de marzo y 04 de abril, para que el 18 de ese mismo mes sea retirada, y vuelva a reintegrarla el 03 de mayo, volviendo a este mismo trámite hasta el 05 de julio, en 5 ocasiones distintas. El día 18 de julio el Ejecutivo vuelve a realizar indicaciones al Proyecto, y vuelve en 3 momentos más hasta el 28 de agosto a insistir con la Urgencia en calidad de Suma, día en el cual realiza otro paquete de indicaciones, y lo repite el día 05 de septiembre.

g) Es recién el día 11 de septiembre pasa a Comisión de Hacienda, y desde el 12 de septiembre hasta 17 de enero del 2013, en 6 momentos distintos el Ejecutivo insiste con la Urgencia, pero en esta ocasión sólo en calidad de Simple.

h) El 05 de marzo de 2013, después del receso legislativo, hasta el 04 de abril, tres veces el Ejecutivo insiste con la Urgencia ahora en calidad de Suma; hasta que el día 18 de abril pasa a Comisión de Hacienda, desde ese día hasta el 30 de julio, se ha insistido con la Urgencia Suma, pero dentro de este periodo de tiempo el 26 de abril el proyecto es eximido de la Comisión, siendo derivado a Hacienda.

VII Experiencia Internacional

Se adjuntan algunos análisis. Pero la experiencia internacional (hay un extenso informe de la OCDE y el Banco Mundial) apunta a un criterio pragmático respecto de las recomendaciones.

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23269620~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html donde se exponen con detalle los sistemas de almacenamiento de crédito en distintos países: Credit Reporting Database

Otro de la OCDE donde expone sus puntos de vista

Ambos documentos han significado seis meses de análisis para llegar a las siguientes conclusiones, importantes a la hora de sustentar un punto de vista contrario a la administración del SOE por parte de la SBIF.

En el caso del primer, se exponen un conjunto de datos contiene información sobre los sistemas de información crediticia (registros de crédito y oficinas de crédito) en 195 países de todo el mundo, a partir de la base de datos de indicadores de Doing Business.

En el contexto de la crisis financiera, muchos países han hecho esfuerzos para optimizar el uso de los datos de los registros de crédito de la supervisión prudencial y regulación. Pero estas base de datos en muchos países, Las agencias de crédito son de propiedad privada. Son  empresas comerciales que atienden a las necesidades de información de los prestamistas comerciales, como Equifax.

Aunque hay una variación en el tipo y extensión de la información que recogen, las agencias de crédito generalmente se esfuerzan por recopilar datos muy detallados sobre los clientes individuales. Por lo tanto, tienden a cubrir los préstamos más pequeños que los registros y a menudo recopilan información de una amplia variedad de entidades financieras y no financieras, incluidos los minoristas, compañías de tarjetas de crédito e instituciones microfinancieras. Los datos recogidos por las agencias de crédito son a menudo más amplio y mejor orientada a evaluar y vigilar la solvencia de los clientes individuales. Estas empresas Aunque han existido en Alemania, Suecia y los Estados Unidos durante casi un siglo, surgieron en muchos otros países de altos ingresos, entre ellos Francia, Italia y España, en fecha tan reciente como la década de 1990.

En el caso del informe OCDE que se adjunta, se concluye que los países deben considerar, que los registros privados de crédito tienden a superar los registros públicos de crédito en la exhaustividad de los datos y servicios que proporcionan a los prestamistas. Sin embargo, los registros públicos de crédito pueden ser una herramienta eficaz para mejorar la cantidad y la calidad de la información disponible sobre los titulares en las economías emergentes, donde existen instituciones de información crediticia inexistentes o poco desarrolladas.

Es muy importante Lla protección de datos y el derecho a la vida privada son fundamentales para el establecimiento de una agencia de crédito. Para ello, es vital establecer un marco jurídico que proteja la privacidad, pero que no paralice la creación de agencias de crédito privado. En particular, las normas internacionales, tales como las Directrices de la OCDE sobre la Protección de Privacidad y los Flujos Transfronterizos de Datos Personales deben ser consagradas en la legislación.

Esto no ha sido suficientemente debatido, y podría ser una bandera argumental importante en el Senado

Perspectivas estratégicas

El Sistema de Obligaciones Económicas es, sin duda, una bomba de tiempo para el Retail, particularmente aquellos que28 desean mantener separados los negocios de la Banca del retail financiero. El 2013, lo más probable que este proyecto quede detenido, a la espera de dos cosas:

La definición del próximo gobierno

El posible ingreso de una ley de protección de datos, o continuación de la existente, donde están los principios rectores de este proyecto que apunta a un tema más específico.

Entregamos un análisis más estratégico en el informe. Sin embargo, es fundamental, utilizando la metodología que permite manera liderazgos, ver que influencia tendrán en el senado los distintos actores, teniendo en consideración:

que aún desconocemos el interés del gobierno de patrocinar (y con que intensidad) el boletín 7886

si el ejecutivo que asuma en marzo del 2014, va a ingresar un nuevo proyecto de ley, o va a ingresarle indicaciones.

sobre estas últimas, que relación tendrá este proyecto de ley con las modificaciones a la ley de protección de datos personales

cuál va a ser la reacción en la cámara alta respecto de proyectos de ley que continuamente pretenden regular más y más los datos de las personas, particularmente Felipe Harboe, permanente promotor de este tipo de iniciativas (Ley NO MAS DICOM)

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